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En fallo histórico la Corte Suprema de Guatemala prohíbe el activismo abortista de una procuraduría

La Corte Suprema de Justicia de Guatemala puso freno al activismo que la Procuraduría de Derechos Humanos realiza en favor del aborto por considerar que es contradictorio con la finalidad de la institución y por confrontar el orden jurídico vigente, y ordenó la reparación de los daños que ha causado.



La histórica sentencia determina que deje de ser utilizado un manual de formación en derechos humanos y para la atención de embarazos de niñas y adolescentes que presenta el aborto como un 'derecho reproductivo'. El documento fue publicado por la Procuraduría de Derechos Humanos y financiado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).



Para el más alto tribunal de justicia del país cualquier acto que promueva el aborto o lo presente como un derecho transgrede la tutela que el Estado debe al vida humana desde el momento de la concepción estipulada en la Constitución, por lo que el procurador fue prohibido, en su caracter de autoridad, de apoyar y fomentar el aborto, su reivindicación como supuesto 'derecho' o su legalización.



El colegiado subraya que la Procuraduría tiene la obligación de defender los derechos fundamentales garantizados en la Constitución, cuyo articulo 3 establece la protección del Estado sobre la vida humana desde su concepción; y que su titular jura defender la Carta Magna.



La determinación de la Corte también impone al procurador la obligación de contrarrestar, en un plazo no mayor a tres meses, los efectos nocivos de la distribución y uso del manual que presentaba el asesinato de nascituros como "derecho reproductivo".



La sentencia fue dada el 8 de diciembre y fue divulgada ayer, dia 12, por la Asociación la Familia Importa (AFI) y el diputado José Rodrigo Valladares, autores de la solicitud de amparo contra las acciones de la Procuraduría de Derechos Humanos.



En 2015 el entonces Procurador de Derechos Humanos, Jorge De León Duque, publicó un manual denominado Derechos Humanos, Derechos Sexuales y Reproductivos y Atención de Embarazos en Niñas y Adolescentes, destinado a la formación de funcionarios, profesores, promotores de salud y mujeres que se desempeñan como líderes de comunidades. El documento fue financiado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).


Desde ese año, el manual se convirtió en uno de los principales instrumentos con los que De León impulso una campaña sistemática contra el "aborto en condiciones de riesgo" y en favor del "derecho de llevar a termino o no un embarazo". En otras palabras, en favor del aborto 'derecho' que debe ser legalizado.



Entre 2015 y 2016 el UNFPA destinó 3 y 4 millones de dólares, respectivamente, para promover en Guatemala los 'derechos sexuales y reproductivos', un eufemismo para el aborto. Esto representa 60 por ciento de los fondos aplicados en el país, y la Procuraduría de Derechos Humanos era una de las principales aliadas en los programas de la ONU.



El 22 de junio de 2017, AFI interpuso un amparo contra el manual usado por la Procuraduría y exigió a De León dejar de promover el aborto desde ese órgano. El funcionario dejó el cargo en agosto, cumplido el fin de su mandato, y fue nombrado Jordán Rodas Andrade.



El nuevo titular al conocer el fallo de la Corte divulgó en la página web de la institución un brevísimo comunicado en el que aclara que el manual no fue elaborado en su gestión y que desde que tomó pose en ningún momento se ha pronunciado sobre el aborto.



La AFi, además de celebrar la decisión de la Justicia, pidió al nuevo procurador acatar el mandato de los magistrados y evitar cometer acciones similares a las de su antecesor.



Informó que, "como organización que vela por la promoción de los derechos humanos, y que reúne a diversos actores sociales, nos pusimos a la disposición del procurador y de todo su equipo, para dar eminente y puntual cumplimiento a lo ordenado" por la Corte Suprema.



[D'Vox]

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