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Los vientres de alquiler ya son legales en Portugal

La ley limita el contacto de la madre gestante con el bebé al “mínimo indispensable” por los “potenciales riesgos psicológicos y afectivos” que esa relación supone.

La ley que autoriza el acceso a los vientres de alquiler para las mujeres estériles en Portugal entró en vigor este martes, después de que el decreto que regula su aplicación fuese publicado hoy en el Diario de la República.
La norma permite el acceso a los vientres de alquiler a las mujeres con problemas de infertilidad, que hayan nacido sin útero o con alguna lesión que les impida quedarse embarazadas. De nuevo se legisla sin tener en cuenta que la vida humana está siendo utilizada de manera mercantilista usando a un ser humano para satisfacer los deseos de un tercero.
La madre gestante no recibirá ningún pago

La pareja que quiera acceder a este procedimiento deberán acudir a un centro de reproducción asistida, público o privado, para que sea probada la infertilidad de la madre genética y la situación psicológica de la madre gestante, que no recibirá ningún pago a excepción de los gastos médicos.

La ley limita el contacto de la madre gestante con el bebé al “mínimo indispensable” tras su nacimiento, debido a los “potenciales riesgos psicológicos y afectivos que esa relación supone, sin perjuicio de las situaciones en las que la gestante de sustitución es un familiar próximo”.

En todo caso privilegiará la relación con la madre genética y establece que los intereses del niño deben prevalecer por encima del resto.

A nadie se le escapa, no obstante, que es un primer paso para normalizar el uso de los vientres de alquiler en el país y plantear más adelante una ley más ambiciosa.
Una ley polémica

La ley que regula el acceso a los vientres de alquiler en Portugal fue aprobada en 2016, pero era necesario un decreto reglamentario que especificase su regulación, que fue aprobado en consejo de ministros el pasado junio.

En su momento, la norma generó polémica porque fue vetada por el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, al considerar que existían “vacíos legales” sobre la salvaguarda de los derechos del niño al nacer y de la mujer gestante.
El Parlamento aprobó una nueva versión para subsanar estos vacíos y la norma fue finalmente decretada por Rebelo de Sousa el 31 de julio de 2016.

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