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Colombia se levanta ante la autoritaria imposición de la ideología de género a los niños

Miles de personas han salido a las calles de Colombia en distintas ciudades para denunciar cómo el Gobierno ha impuesto los postulados LGTBI en las escuelas. Si los profesores se niegan a adoctrinar a los niños se enfrentan a multas e incluso a la cárcel.

Miles de colombianos se levantaron este miércoles en diferentes ciudades del país para protestar contra la imposición de la ideología de género que fomenta el Ministerio de Educación a través de modificaciones a los manuales de convivencia de los colegios y cartillas con las que se busca capacitar a docentes, entre otros.

Con consignas como “a mis hijos los educo yo” y “firmes con la familia”, padres, maestros y estudiantes se manifestaron en unas diez ciudades exigiendo la renuncia de la ministra Gina Parody y el retiro de las políticas que implementan la ideología de género en Colombia.

En Bogotá, la capital, al menos 20.000 personas plantaron ante las instalaciones del Ministerio y exigieron la renuncia de la ministra. En Medellín miles de personas se reunieron en el parque de las luces donde rechazaron una ideología contraria a la humana.
La respuesta fue similar en el Valle del Cauca (suroccidente) donde unas 5.000 personas apoyaron una educación integral portando globos y silbatos. Posiblemente, la manifestación más numerosa fue en Bucaramanga (nororiente), donde unos 25.000 manifestantes rechazaron que se tilde a quienes protestan de homofóbicos y pidieron al presidente de la República, Juan Manuel Santos, pronunciarse frente al encendido debate.

El ‘mano a mano’ entre padres y Ministerio

La confrontación entre educadores y Ministerio empezó hace poco más de dos meses, cuando se le envió a los colegios un cuestionario en el que se les pedía revisar los manuales de convivencia de tal forma que se evitara la discriminación y el bullying a los estudiantes.

La medida surge de la interpretación que ha hecho el Ministerio a la Ley 1620 de 2013, con la que se busca acabar la violencia y bullying en las aulas, después de que el estudiante Sergio Urrego se suicidara por sentirse discriminado por su homosexualidad.

Y aunque la norma busca evitar que personas LGBTI sean agredidas en el ámbito educativo, las medidas que promueve el Ministerio han levantado ampollas entre profesores y padres de familia al considerar que promueven la ideología de género, limitan la autonomía educativa y coartan el derecho fundamental de los padres a escoger el tipo de educación que recibirán sus hijos.

Entre las preguntas orientadoras para modificar los manuales se plantea lo siguiente: “¿hacen uso de un lenguaje incluyente, no sexista y hacen prácticas de convivencia interculturales?” En otra pregunta se dice: “¿permite que los estudiantes usen los uniformes que les hace sentirse a gusto con su identidad de género?”

Comunicado de los profesores: “Es inadmisible la intervención estatal desmedida al exigir reformas que contravienen derechos fundamentales”

“Es inadmisible la intervención Estatal desmedida al exigir reformas que contravienen derechos fundamentales, principios, valores y hasta creencias legítimamente reconocidas por la Constitución Política”, sentencian los educadores en su comunicado y anuncian que no completarán la encuesta.

Dicha situación fue denunciada por la diputada Ángela Hernández durante un debate en la Asamblea de Santander (departamento al nororiente del país) con lo que la discusión tuvo un alcance nacional y un impacto mediático.

Sin embargo, el punto de inflexión se produjo cuando se dio a conocer el borrador de una cartilla con la que se busca diseñar las medidas para fomentar “ambientes escolares libres de discriminación” a partir de “orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas en la escuela”.

La cartilla que no existe… pero sí existe

El manual es producto del Convenio Marco entre el Ministerio de Educación Nacional (MEN), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (Unicef).
Dicho Convenio, firmado en marzo de 2016, sería por la cuantiosa suma de 1.586 millones de pesos (476.782,72 euros) e incluye a la organización pro gay Colombia Diversa entre sus colaboradores.

El documento, que tiene registro ISBN, promueve la ideología de género en 100 páginas y contiene anexos en los que señala que los colegios deberían evitar incluir en sus manuales los conceptos de moral y buenas costumbres, que no está bien prohibir las expresiones de afecto entre los estudiantes dentro de las instituciones educativas y que no hay que imponer un uniforme (falda para las niñas o pantalón para los niños).

Y aunque Parody tenía razón en que las primeras cartillas filtradas no correspondían a elementos educativos, al poco tiempo los rectores y profesores de diferentes colegios salieron a rectificar la información, publicaron la cartilla- que había sido eliminada de la Web del PNUD– y afirmaron que recibieron capacitaciones por parte del Ministerio o las Secretarías de Educación locales sobre ideología de género.

“La ideología de género indicaba que no nacemos hombre o mujer, sino que es un concepto social que se impone”, afirma la directora de un colegio

“La ideología de género indicaba que no nacemos hombre o mujer, sino que es un concepto social que se impone…no estoy de acuerdo de enseñarle a un niño que no es niño ni niña, las familias en Colombia educamos a nuestros niños de acuerdo al sexo con el que nacen”, denunció a la prensa local la rectora Ruth Olmos, del colegio Beth Sharón.

“Hice la pregunta de que si existe alguna sanción si no se promueve la ideología de género y la respuesta fue que aquí estaba el control y vigilancia, que existen multas y si se presenta discriminación podría dar hasta cárcel”, añadió Olmos a la emisora Blu Radio.

Ante esto, Parody trató de sacudirse las críticas asegurando que sus actuaciones frente a los manuales de convivencia obedecen a una orden de la Corte Constitucional para que los colegios apliquen la Ley 1620 y añadió que el folleto eran un borrador no aprobado aún, pese a tener ya un registro ISBN. Así, reafirmó que el escándalo se debe a una estrategia de sus enemigos políticos y a ataques personales por su orientación sexual (es lesbiana).

Sin embargo, las incongruencias conmocionaron tanto a la población civil y a los políticos que el Senado de la República convocó a la mandataria a un debate de control político el próximo martes. Acto seguido, numerosos políticos anunciaron que se sumarían a las manifestaciones nacionales en defensa de la familia y de la niñez.

Así las cosas, las plazas colombianas se vieron inundadas por ciudadanos que decidieron salir a las calles para exigir la renuncia de la ministra y exigir ambientes en los que no haya matoneo, se promueva la inclusión- empezando por la de los niños con discapacidades físicas o cognitivas- pero en ambientes libres de imposiciones ideológicas y en los que los padres tengan la batuta.

El debate no termina aún, pues aún el presidente Juan Manuel Santos no se pronuncia y ya la ministra aseguró que no renunciará a la cartera y que rechaza las peticiones de los padres y que seguirá trabajando por hacer de Colombia “la más educada de América Latina”.

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