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Piden la cárcel para el que destapó el tráfico de bebés abortados y no para los traficantes

Un escándalo que ha puesto en grave entredicho a Planned Parenthood

Durante meses, The Center for Medical Progress estuvo publicando vídeos grabados con cámara oculta que demuestran la venta de órganos de bebés abortados por Planned Parenthood. A causa del enorme escándalo que se generó en EEUU -un escándalo que, sin embargo, ha ocultado la mayoría de los medios españoles-, en octubre Cecile Richards, CEO de ese lobby abortista, anunció que dejaría de cobrar por la venta de órganos de bebés abortados, lo que implicaba reconocer que la comisión un delito federal penado con 10 años de cárcel. Ante las pruebas irrefutables de las prácticas delictivas de Planned Parenthood, a mediados de octubre el Estado de Texas le retiraba sus fondos. “La espantosa recolección de partes de cuerpos de bebés de Planned Parenthood no será permitida en Texas, y las prácticas brutales deben llegar a su fin”, declaró Gregory Abbott, el gobernador del Estado. En diciembre el Senado de EEUU aprobaba retirar los fondos federales a ese lobby, una cantidad astronómica de dinero pagado por el contribuyente que se elevó a 528 millones de dólares en 2013, un año después de que Planned Parenthood apoyase la reelección de Obama con 1,4 millones, un caso descarado de clientelismo político. El pasado 6 de enero la Cámara de Representantes aprobaba también la retirada de fondos, una medida vetada por Obama tres días después, saliendo en auxilio de los financiadores de su reelección.

El mundo al revés: acusan del tráfico de órganos al que lo denunció

A pesar de las pruebas contundentes contra el lobby abortista, y según informa LifeSiteNews hace dos horas, ayer el gran jurado que investiga el caso de venta de órganos ha decidido exculpar a Planned Parenthood y pedir entre 2 y 20 años de cárcel para David Daleiden, director de The Center for Medical Progress, principal responsable de la publicación de los vídeos que han permitido destapar la venta de órganos de bebés abortados. Según Univisión, le acusan de un delito grave por haber modificado un documento oficial, sin especificar cuál. También le acusan de un delito menor por “prohibición de compra y venta de órganos humanos”, que es precisamente de lo que Daleiden acusaba al lobby abortista, con pruebas irrefutables. Los mismos cargos han sido presentados, además, contra Sandra Merritt, que en los vídeos se hizo pasar por una persona interesada en comprar los órganos de bebés abortados que vendía Planned Parenthood, a fin de destapar este mercado criminal. El gobernador de Texas, Greg Abbott, ya ha anunciado que esta absurda decisión judicial no afectará a la investigación que mantiene abierta el Estado contra Planned Parenthood: “El estado de Texas continuará protegiendo la vida, y seguirá respaldando la legislación que prohíbe la venta o transferencia de tejido fetal”.

Planned Parenthood ya quedó impune del encubrimiento de violadores

Hay que recordar que en el verano de 2014 varios abortorios de Planned Parenthood fueron acusados, también con pruebas, de amparar abusos sexuales a menores, que fueron sometidas a abortos sin que los abortorios que los perpetraron reportasen a las autoridades las violaciones sufridas por las chicas, en contra de lo que marcan las leyes. En algunos casos esto supuso que los abusos continuasen. En un centro de Planned Parenthood de California la niña incluso llegó acompañada del hombre que abusaba de ella. La falta de reporte a las autoridades por parte del abortorio permitió al violador seguir abusando de la niña durante siete meses más. Hasta ahora, estas ilegalidades le han salido gratis al lobby abortista, que como se ve cuenta con buenos padrinos políticos y judiciales para evitar tener que sentarse en el banquillo de los acusados.

El colofón a un claro caso de corrupción política y judicial

En febrero de 2014 os comentaba aquí que devaluar la vida humana es lanzarse por una pendiente resbaladiza hacia la tiranía. Cuando la ley desprotege la vida humana y, además, convierte en “derecho” el acto de matar a los hijos por nacer, se ha dado un paso hacia un estado de corrupción política que acaba contagiando distintos ámbitos de la sociedad, incluido el judicial. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos es una clara prueba de ello. El gobierno federal financia con dinero público, pagado por todos, a tipos sin escrúpulos que se lucran matando a los más débiles e indefensos en abortorios, unos tipos que se han cuidado de financiar con cantidades millonarias la reelección del presidente que más podía beneficiarles (ante el final del mandato de Obama, Planned Parenthood decía hace diez días que “necesitamos a Hillary Clinton en la Casa Blanca”, pues Clinton es una conocida simpatizante de ese lobby). Y cuando salta un escándalo y se publican pruebas claras de la actuación delictiva de ese lobby, un órgano judicial sale en su auxilio y el que acaba acusado es el que denunció el delito. Es el colmo de la burla a la Justicia y al Derecho, una burla que ha sido la nota característica del mandato de Obama, que ha ido traicionando uno tras otro los principios fundadores de los Estados Unidos en aras de un proyecto de ingeniería social que recuerda, peligrosamente, al desarrollado por Zapatero en España.

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