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Insensato convertir a madres en asesinas de sus propios hijos

Chilpancingo, Gro.- La propuesta de reforma legislativa del gobernador del estado de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, para legalizar la cancelación de la vida de los niños y niñas por nacer, es insensata y muestra cómo el Estado claudica en su máxima responsabilidad de brindar servicios de salud, educación y desarrollo para las mujeres de la entidad, afirmó Ingrid Tapia, especialista en Derecho Constitucional.

Luego de reunirse con diputados del Congreso del Estado, quienes analizaron en comisiones legislativas la propuesta para ampliar las causales de excepción de responsabilidad penal para la práctica del aborto, Ingrid Tapia señaló que en el Distrito Federal la legalización del aborto resultó un rotundo fracaso, ya que ahora hay mayor nivel de infecciones por transmisión de enfermedades sexuales y un incremento de abortos en menores de edad.

La premisa bajo la cual fue aprobada en el Distrito Federal la práctica del aborto hasta las 12 semanas de gestación fue porque anualmente se practicaban 165 mil abortos clandestinos en la ciudad de México, sin embargo las cifras oficiales del propio Gobierno del Distrito Federal señalan que en los últimos siete años han sido practicados en promedio 20 mil abortos anuales, de acuerdo a las que en su momento dieron a conocer el Colegio de México y el Instituto Guttmacher.

De esta forma, actualmente se seguirán cometiendo alrededor de 145 mil abortos sin que las autoridades del DF tengan conocimiento de ello y mucho menos de dónde, cómo y quién práctica esa cancelación de vidas, o en realidad nunca existieron esos 165 mil abortos.

En la reunión con diputados locales de los diversos grupos parlamentarios, así como en declaraciones a la prensa, Ingrid Tapia expresó que para gobiernos como el de Aguirre Rivero, carentes de toda sensibilidad y ajeno a la realidad social del país, les resulta más fácil y cómodo que el Estado aumente el número de circunstancias (excepciones de responsabilidad penal) bajo las cuales el delito de aborto no sea castigado penalmente, en vez de promover políticas públicas en beneficio de la mujer embarazada y en especial de las mujeres en condiciones de vulnerabilidad económica y social.

Resulta insensato e irresponsable que en Guerrero el propio gobierno promueva que sus mujeres se conviertan en asesinas de sus propios hijos y no atienda demandas sociales de ese mismo sector de población, como son mayores y mejores servicios de salud, beneficios para las mujeres embarazas, en especial las que trabajan fuera de casa, o que haya alternativas para que las mujeres embarazadas continúen sus estudios o cuenten con opciones de desarrollo integral, dijo Ingrid Tapia, decana en materia de Derecho Constitucional y ex académica del ITAM.

El sistema de salud de Guerrero no cuenta con la infraestructura ni el personal suficiente para atender la eventual demanda de abortos, por lo que irremediablemente tendría que subrogar la prestación de este servicio a clínicas privadas, lo que generaría por sí mismo un negocio muy lucrativo.

Por qué en vez de contratar médicos que asesinen bebés en gestación, el gobernador Ángel Aguirre no aumenta la planta laboral para brindar más ayuda a las mujeres, cuestionó la especialista, tras reiterar que la iniciativa en cuestión es insensata e irresponsable.

Más castigo por comercializar huevos de tortuga que por aborto

Pero más absurdo resulta que el gobernador Aguirre Rivero se convierta en cómplice de unas de las mayores incongruencias, como lo representa el hecho de que aquí estaría más penalizado comercializar huevos de tortuga que matar a un bebé que está en el vientre materno. “A las mujeres guerrerenses se les quiere convertir en asesinas de sus propios hijos haciéndoles creer que con ello se avanza en la democracia o que las mujeres obtienen mayor libertad”.

En este sentido dijo que los gobiernos de los estados deben actuar en correspondencia con los acuerdo que asume el Estado mexicano en materia de defensa del derecho a la vida desde su inicio en la concepción, así como el respeto a la Declaración Universal de los Derechos del Niño y el propio Pacto de San José, en donde se establece en esencia que nadie puede ser privado de la vida y que la vida de todo ser humano está garantizada desde que está en el vientre de la madre.

Ingrid Tapia recordó que en su calidad de delegada de la Secretaría de Relaciones Exteriores, atestiguó en las Naciones Unidas el acuerdo a través del cual la mayoría de los países miembros, entre ellos el Estado mexicano, ratificaron que el aborto no puede ser tomado como un método de anticoncepción y mucho menos de control poblacional, porque ello atenta en contra de los derechos de los seres humanos.

“Si el gobernador Aguirre no entiende ese tipo de resoluciones, alguien se las tiene que explicar, pero lo que no puede hacer es ir en contra de los intereses de las mujeres de su estado que clara y contundentemente rechazan la legalización del aborto y sí en cambio están a la espera de que sus diputados y gobernante les respondan con políticas públicas que les brinden acompañamiento institucional efectivo antes, durante y después de un embarazo”, argumentó.

Los diputados del Congreso del Estado analizan la iniciativa del gobernador Aguirre Rivero y esperan dictaminarla en las próximas horas. De acuerdo con información proporcionada por diputados del PRI no se descarta que el dictamen en comisiones sea desechado, al carecer del apoyo de la mayoría de legisladores, o que en todo caso éste tema sea enviado a la congeladora ante el alto nivel de rechazo que generó en los diversos sectores de la sociedad.

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agutierrez@yoinfluyo.com

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